Nubes negras sobre (la falta de) salud mental

Colonia Montes de Oca, fecha desconocida (Fuente: criminalia.es)

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Por Pablo Minini (@pablo_minini). Psicólogo. Delegado sindical de la Asociación de Profesionales de la Salud de Lomas de Zamora. salud mental

 

No es ninguna novedad que la salud está en crisis en Argentina, al punto de que ya no es noticia decirlo. Sin embargo, dentro de esa gran crisis, el sector de salud mental se lleva una de las peores partes.

La gran nota se dio en 2010 con la sanción de la Ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones, que llevó al Boletín Oficial un reclamo de los sectores más progresivos dentro de la comunidad de salud. Dicha ley contiene una perspectiva interdisciplinaria y comunitaria que supera el modelo de atención médico hegemónico. Traducido, significa que todas las disciplinas que intervienen en el proceso de atención de una persona que padece (medicina, psicología, trabajo social, enfermería, terapia ocupacional, etcétera) trabajan en igualdad de condiciones y de pertinencias: no hay una que prime sobre las otras y que tenga la palabra más importante. Esto es correlato de entender que un padecimiento mental no se debe a una causa única y exclusiva, ya sea biológica o genética o social o intrasubjetiva. Y correlato de una concepción de la persona como un cuerpo biológico, un sujeto psicológico y un actor social. Esto último implica que la comunidad tiene su parte en el proceso de enfermedad, pero también en el proceso de salud de sus miembros. De esta manera, se incluye la intersectorialidad en la atención de la salud de las personas: a quien padece ya no se lo aleja de su comunidad de pertenencia internándolo en asilos durante décadas. La ley 26657 promueve en su art 9 que “el proceso de atención debe realizarse preferentemente fuera del ámbito de internación hospitalario y en el marco del abordaje interdisciplinario e intersectorial, basado en los principios de la atención primaria de la salud”. Expresa que el tratamiento “se orientará al reforzamiento, restitución o promoción de los lazos sociales”.

Esto es contemplado por la Ley 26.657 hasta tal punto que se prohíbe expresamente la creación de nuevos “manicomios, neuropsiquiátricos o instituciones de internación monovalentes, públicos o privados” (artículo 27) y el reemplazo de los mismos por dispositivos intermedios que no desarraiguen a la persona de su lugar de pertenencia (las casas de medio camino son los más conocidos, aunque existen otros). ¿Dónde se realizan entonces las internaciones, en caso de que sean necesarias? Pues en los hospitales generales, que, y esto será un punto de conflicto como veremos, deben contar con los recursos necesarios (léase camas, personal, presupuesto). Y con respecto a los institutos monovalentes que ya existen los obliga a la adecuación progresiva a la ley. Es decir, a la sustitución por esos otros dispositivos. Sin que eso implique un perjuicio para sus trabajadores, que deberán conservar sus puestos de trabajo.

Último punto que analizamos, el artículo 36. Según este artículo, la autoridad de aplicación, es decir, el Ministerio de Salud, debe actuar en coordinación con los ministerios de Educación, Desarrollo Social y Trabajo, Empleo y Seguridad Social, para “desarrollar planes de prevención en salud mental y planes específicos de inserción socio laboral para personas con padecimiento laboral”. De acuerdo a esto, el decreto reglamentario 603/2013, artículo 2, crea la Comisión Nacional Interministerial en Políticas de Salud Mental y Adicciones (CONISMA) en el ámbito de la Jefatura de Gabinete.

 

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Es lo que cualquiera puede leer cuando busca “CONISMA + Ministerio de Salud de la Nación” desde el 2016. Entiéndase: la página de la autoridad de aplicación de la ley dejó de tener vinculación con la comisión interministerial. Dejó, porque la tuvo y ya no. El ministro de Salud de la Nación, Jorge Lemus, dejó de convocar a la comisión. Mala cosa, sí. Pero se pone peor.

Desde la promulgación de la ley no se implementó un adecuado Plan Nacional o Federal de Salud Mental que estableciera la efectiva creación de los dispositivos sustitutivos de los manicomios y la conformación de equipos interdisciplinarios e intersectoriales. Queda la sospecha fuerte de que aun antes de poder ponerse en práctica, la ley misma selló su sentencia, pues legisló y permitió la regulación de un sector privado. Junto a la salud pública dio un marco a la lógica mercantil y a la corporación médica. Que no tardó en hacer acto de presencia (si es que en algún momento desapareció de la escena).

En agosto de este año, el ministro Lemus se enfrentó con la resolución 1484/15. ¿Qué decía esa resolución? Daba un plazo de un año para que los centros de salud monovalentes, tanto públicos como privados, se adecuaran al texto de la ley de salud mental. En su punto 11 expresaba que “los institutos especializados en Salud Mental no podrán contar con internación”, pero permitía que existieran otros dispositivos, como emprendimientos productivos o residencias asistidas. Desde el ministerio consideraron que se trataba de una discriminación hacia las empresas de salud privadas, porque no iban a estar en condiciones de cumplir con lo que requería la ley sin echar a trabajadores y sin realizar inversiones excesivas para adecuarse. Lemus, más preocupado por la salud de los balances de las empresas privadas que de la población, emitió la resolución 1003/16, dejando sin efecto a la anterior. Acto seguido, convocó a una comisión ad hoc para elaborar las nuevas normas de habilitación de establecimientos de salud mental y adicciones. La facultad para convocar a los miembros de esa comisión recayó sobre el Director Nacional de Salud Mental, el doctor Andrew Blake, opositor confeso a la Ley Nacional de Salud Mental y Adicciones y a la 448 vigente en Ciudad de Buenos Aires.

¿A quiénes convocó Blake para participar de esa comisión que debía darle un marco regulatorio a la ley? La lista es esclarecedora: Asociación de Médicos Municipales (AMM), a la Asociación Gremial de Psiquiatras de la Capital Federal, a la Federación Médica de Capital, a la Asociación de Psiquiatras Argentinos, a la Asociación Argentina de Psiquiatría y a la Asociación Médica Argentina. En la página de la AMM, medmun.org, puede verse que el 19 de octubre el doctor Jorge Gilardi, presidente de la AMM y amigo personal y político de Lemus, entregó el documento con las nuevas normas. ¿Interdisciplina? Pues no. Todos los integrantes de la comisión pertenecieron a una sola disciplina. Aunque, para quebrar un poco la monotonía de firmas, el doctor Blake tuvo el descaro de convocar a otro actor social: la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de la República Argentina.

La cantidad de camas en institutos privados de salud mental aumentó exponencialmente en los últimos años. Si tienen tiempo, usen algún buscador e intenten encontrar una comparativa entre la cantidad de camas públicas y privadas. Busquen en la página del ministerio de Salud de la Nación o del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires o de cualquier provincia, no importa el signo político. No es posible hallar datos comparados. Y si encuentran algo que parece acercarse a eso en la página del Ministerio de Salud de la Nación, encontrarán el ya conocido Error 404.

Para sumar nubes negras a este cielo, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires se lanza a formar un Polo de Neurociencias aplicadas: $ 650 millones en 2017, 2018 y 2019 para reconvertir y refuncionalizar los hospitales Alvear, Borda, Moyano y Tobar García y el centro de Salud Mental Ameghino. En los proyectos de reconversión la línea expresa es a favor del enfoque médico hegemónico y de la farmacéutica, al punto que, por ejemplo, no se incluye a los Trabajadores Sociales en el proyecto y el resto de las disciplinas son vistas como auxiliares de la medicina. Tampoco se dice nada de qué dispositivos contarán para facilitar la externación de pacientes. Sin contar, claro está, que modernizar esos hospitales monovalentes va en contra de la ley de Salud Mental y en una obvia orientación manicomial (no se interna a toda la gente, pero ese es el encanto del manicomio del siglo 21: uno está encerrado al aire libre mientras tenga sus psicofármacos a mano). Consideremos que un Polo de Neurociencias como el que se pretende construir en el sur de la ciudad de Buenos Aires, está muy cerca geográficamente del Polo Farmacéutico de Villa Lugano. ¿Coincidencia? Hablar de “polos” en una ciudad habla de una planificación política más que de una casualidad espacio temporal.

Y, si hablamos de neurociencias, no podemos dejar de pensar en el doctor Facundo Manes. No podemos dejar de pensar en él porque él mismo se encarga de aparecer en cuanto programa de radio y televisión le ofrezca, o venda, espacio. Sin contar con las columnas en los diarios Clarín y La Nación, sin contar con sus múltiples libros sobre el cerebro argentino y su paradigma biológico determinista. Y sin contar con su floreciente carrera política. Floreciente, porque de ser el neurólogo que intervino quirúrgicamente a la entonces presidenta Cristina Fernández de Kirchner hace dos años pasó a ser asesor en la Unidad de Coordinación para el Desarrollo de Capital Mental de la provincia de Buenos Aires (parece el título de una secretaría sacada de un libro de George Orwell, pero no), desde donde combatirá el impuesto mental de la pobreza. Para que se entienda su función y, al mismo tiempo, lo que es un reduccionismo biológico, citamos al ministerio de Coordinación y Gestión Pública de la provincia de Buenos Aires, que define al capital mental como “los recursos cognitivos y emocionales con los que contamos para poder desarrollarnos en la vida y utilizar todo nuestro potencial. Comprende una nutrición adecuada, capacidad cognitiva, inteligencia emocional, capacidad de aprendizaje y de adaptación. Trabajar desde el capital mental es aplicar los avances científicos sobre el cerebro”. Toda una declaración (cuya versión completa puede leerse acá). De la persona como algo más que un cerebro, como actor social, como sujeto de derechos, nada. Además, contemos con sus apariciones cotidianas junto a María Eugenia Vidal y su cada vez más probable postulación como candidato por Cambiemos en 2017.

Y para concluir con el resumen del panorama tormentoso de la salud mental, el 20 de octubre de este año la senadora del Frente para la Victoria, María Laura Leguizamón, vio coronado su esfuerzo: Diputados aprobó la ley de Dificultades Específicas del Aprendizaje, conocida como “ley de dislexia”. Se ha señalado a Manes como el asesor de dicha ley, aunque sus allegados lo negaron públicamente. De todas formas, no sería de extrañar que Manes fuera asesor, porque Leguizamón fue una de las invitadas a la cena anual de la Fundación INECO, fundada por Manes, que tuvo lugar en el Yacht Club de Puerto Madero. Pero yendo a la ley concreta, en sus fundamentos se define a la dislexia como una alteración de base neurobiológica, donde no intervienen causas externas “como las diferencias culturales, la instrucción inadecuada ni las condiciones socio económicas”. Es decir, en Argentina, por ley, se declara algo que ningún investigador serio en el mundo se animaría a afirmar: las dificultades de aprendizaje de los niños están ubicadas siempre y en todos los casos en sus cerebros, no en la comunidad ni en el sistema educativo. ¿Cómo es que una legisladora se anima a firmar aseveraciones tan contundentes en materia de salud mental? Tal vez haya cobrado coraje después de hablar con su propio esposo, Marcelo Figueiras, presidente de los laboratorios Richmond, que tiene una bonita sección de fármacos neuropsiquiátricos. ¿Cómo es que el Senado y Diputados apoyan esa ley? Las preguntas más efectivas, a veces, son las que quedan flotando en el aire.

Dada la tormenta, ¿es tiempo de desensillar hasta que aclare? No podríamos nunca compartir esa afirmación, siendo que estamos del lado de los trabajadores y las trabajadoras de salud mental. De la Ley 26.657 de Salud Mental y Adicciones, de eso que hoy vemos como una apuesta a medias entre un sector público y un sector privado al que el kirchnerismo no se decidió a enfrentar decididamente, ya queda muy poco. Cambiemos se esfuerza por que quede cada vez menos. De una perspectiva antimanicomial, interdisciplinaria y comunitaria, sólo queda la voluntad de quienes trabajamos en salud mental pública y de las asociaciones de trabajadores y usuarios. De un verdadero plan público de abordaje integral de las personas con padecimiento mental, sólo queda el trabajo cotidiano de los trabajadores, en su mayoría precarizados, con contratos basura y sueldos miserables (en enfermero en los centros de salud municipales de Buenos Aires cobra $ 5.000 por contratos de 30 horas semanales). Una verdadera perspectiva antimanicomial y comunitaria en salud mental no puede dejar de lado la discusión de cómo construir un sistema único de salud pública y una discusión sobre la producción pública de medicamentos. Tampoco puede dejar de lado una discusión profunda que incluya a trabajadores y usuarios sobre qué tipo de tratamientos llevar adelante y con qué presupuesto, con perspectiva de clase y en oposición concreta a las empresas privadas de salud, que son el factor principal de abuso al padecimiento del pueblo trabajador.

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