Justicia por mano propia: la Ley no escrita

Tratamiento digital: Lucía Molina y Vedia

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Por Mariano Parada López (@mparadalopez)

“¿Usted fue vicepresidente y gobernador y hoy se le ocurre decir esto?”. Con su mirada desafiante, Marcelo Salinas apuntó a su compañero de mesa Daniel Scioli,. El ex candidato presidencial hablaba de la necesidad del desarme de la población civil como forma de bajar los índices de violencia. Salinas estaba molesto. Tan solo unos días atrás, su hijo de 13 años había matado con su arma de fuego a dos ladrones en su casa. 

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Con el caso de Salinas resucitó un viejo debate en la sociedad. Militantes a favor y en contra de la llamada “justicia por mano propia” volvían a batir sus argumentos. De un lado, los que piensan que la inacción policial y de la Justicia no deja otra alternativa a los ciudadanos que usar la violencia, inclusive al límite de la muerte. Del otro, quienes creen que eso es un homicidio como cualquier otro y empeora el problema.

Un mes antes que el de Salinas, otro caso reavivó la discusión nunca resuelta en la calle. Un carnicero de Zárate persiguió a dos ladrones que asaltaron su comercio. Los persiguió, atropelló y mató a uno de ellos. En un video, grabado por un testigo, se observa cómo el delincuente agonizaba bajo la rueda mientras el carnicero seguía enfurecido.

En su variante más extrema, el “hastío” por la inseguridad se manifestó en los linchamientos populares. Las hordas de gente que persiguen, atrapan in fraganti a los delincuentes y luego les aplican violencia física. Estos casos ocurrieron en plena calle y a la vista de todos.

Todo esto ocurrió en 2016, pero la discusión es mucho más antigua. El leading case mediático es el del ingeniero Santos. Un profesional que asesinó a dos personas que intentaron arrebatarle el pasacassette de su Cupé Fuego. Fue el 16 de junio de 1990 en Devoto. El llamado “justiciero” en aquel entonces estuvo preso, fue liberado y finalmente recibió una condena de 3 años en suspenso. Sin embargo, luego tuvo que indemnizar a las familias de los asaltantes, que le iniciaron una demanda civil.

 

 

Qué es -y qué no- la legítima defensa

Si bien el Código Penal habilita “a subrogarse el propio estado y repeler” el delito, se deben dar tres situaciones para que esté permitido. Eso nos explicó el presidente de la Asociación de Pensamiento Penal, Mario Juliano. “Tiene que existir primero una agresión ilegitima, una falta de provocación en quién se defiende y razonabilidad del medio empleado”, enumera el juez de Necochea.

Hay que analizar cada caso en su contexto porque “cada uno no es igual al otro”. Por otra parte, ciertos principios generales permiten saber cuándo puede uno defenderse. 

“Si el único medio que tengo o el que entiendo más apropiado es un arma de fuego contra un cuchillo, sería aceptable si estuviera en riesgo de vida”, explica Juliano.

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Otra cuestión es “cuando los excesos son intensivos en el medio”, una respuesta extrema ante una agresión menor, como el caso de Santos. También pueden ser “extensivos en el tiempo, cuando desapareció el peligro”. El ejemplo de esto último es de las persecuciones, como el del carnicero de Zárate.

“Cuando el delincuente va munido de la refurtiva (el botín) y vos lo seguís persiguiendo, uno entra a valorar los bienes comprometidos, la propiedad o la vida”, detalla el magistrado. Por regla general, asesinar luego de una cacería para recuperar lo robado no estará bien visto en los Tribunales.

 

La legítima defensa privilegiada y cuándo tu pasado no te condena

Distinto es el caso de un ladrón que ingresa a una casa. “Es la legítima defensa privilegiada, el caso de una intrusión en el domicilio puede ser objeto de agresión y habilita a la legitima defensa”, explica. Aunque luego aclara algo importante: la fuerza se debe aplicar “razonablemente”.

El descontento con la Policía y los jueces no justifica para la Ley el convertirse en “justiciero”. “El Estado no lo podría admitir (aunque) sí podríamos tomar en barrios vulnerables que esto sea considerada un atenuante, también las experiencias de vida personales”. A una víctima de asaltos recurrentes “es posible que se le exija menos frenos inhibitorios que otros casos”. Eso puede ser un argumento que juegue a su favor en un tribunal para un castigo menor.

 

Linchamientos: un delito contra otro

¿Puede un vecino cualquiera hacer de Policía e intentar atrapar a un ladrón? Sí puede. ¿Está habilitado para castigarlo a golpes, incluso entre varios? Definitivamente, no.

“La ley habilita en ciertas circunstancias a que vos te constituyas en el Estado y actúes como la fuerza de seguridad, habilita a la aprehensión de una persona. Lo que normalmente ocurre en linchamientos es que una persona reducida, sin posibilidades de defenderse, comienza a ser objeto de un ataque. Eso es un ejercicio de fuerza injustificable por nadie, ni por las fuerzas de seguridad”, resalta el magistrado.

 

Justicia por mano propia: buena imagen, poca efectividad

En la PBA comenzó a aplicarse hace dos años el juicio por jurados. Desde entonces, la tendencia al juzgar estos casos ha sido la de absolver a las víctimas convertidas en victimarios, cuenta Juliano.

El experto descree que la reacción de la gente de a pie pueda funcionar como un inhibidor para la delincuencia: “Normalmente las personas que salen a cometer delitos contra la propiedad son conscientes que pueden perder. Lo llevan adelante aun sabiendo y conociendo estas cosas”.

Más tajante, agrega: “La experiencia demuestra estos episodios no han contribuido a disminuir los índices de seguridad. Además, no me gustaría estar en el lugar de los justicieros, que deben afrontar procesos penales . No creo que sea el camino para mejorar los índices de seguridad publica”.

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