Vuelve el miedo a perder el trabajo

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Por Mariano Parada López (@mparadalopez)

Hace poco más de seis meses, el presidente Mauricio Macri asumió con la promesa de “cambio” y de reactivar la economía. En pocos días, se sucedieron despidos en el Estado nacional y los gremios, principalmente ATE, empezaron a denunciar que existía una “persecución ideológica” contra aquel trabajador que a lo lejos ya pareciera kirchnerista. El Gobierno lo desmintió y acusaba de “ñoquis” a los contratados, muchos en forma precaria desde la anterior administración.

Luego, hasta los gremios que miraron con simpatía su llegada a la Casa Rosada dejaron de lado sus diferencias para exigirle al Congreso, con mayoría peronista, que sancionen una ley que ponga freno a los despidos, lo que finalmente ocurrió pero que el jefe de Estado vetó. Sin estadísticas sobre la mesa, no son pocos los sectores que advierten que hay una recesión, condición indispensable para que suba el desempleo, y el Gobierno utiliza dos recursos que sus antecesores del FpV usaron en demasía: la negación (“se crearon 60 mil puestos de trabajo”) y la denuncia de que en realidad hay una sensación (así lo dijo el ministro de Hacienda, Alfonso Prat-Gay), diferente del problema real.

Pero, ¿qué ocurrió con el empleo desde diciembre hasta hoy?

La tan mencionada herencia del gobierno de Cristina Kirchner le juega a favor, en este caso, al de Mauricio Macri. Con el argumento de la “emergencia estadística”, el poco creíble Indec (Instituto Nacional de Estadísticas y Censos) no difundió más datos sobre desempleo, como tampoco de inflación ni pobreza. El último informe disponible es de septiembre de 2015, y marcó una tasa de desocupación del 6%.

Desde entonces, lo que pasa con los trabajadores que pierden sus puestos se va tanteando con cuanta estadística aparezca. La que adquirió más relevancia fue la formulada por la consultora Tendencias Económicas, que marcó 154.570 cesantías entre enero y mayo de este año, un número 9,7 veces más grande que aquel que registró en los primeros cinco meses del 2015. La estadística mide despidos en sector privado y los tres niveles del sector público.

Tendencias hace su informe en base a los despidos que denuncian los gremios en los medios de comunicación, y no tiene en cuenta las incorporaciones de personal, por lo que se trataría apenas de un número en bruto. Esa misma consultora midió entre enero y julio de 2001 unos 35 mil despidos, en momentos en los que la desocupación se encontraba en el 21% de la población económicamente activa.

El Gobierno, en cambio, se agarra de la Encuesta de Indicadores Laborales, un sondeo que hace el ministerio de Trabajo entre trabajadores registrados de empresas ubicadas en grandes centros urbanos del país. El mismo le da un crecimiento en el primer trimestre de 0,5%, pero con una caída de la construcción de casi el 12%. Aquí, los exempleados estatales y aquellos monotributistas o en negro quedan por fuera de la contabilidad. Esos son, precisamente, los primeros en perder su empleo por el bajo costo que significa deshacerse de ellos.

Otra estadística oficial, en cambio, da una caída del empleo pero más leve que la de Tendencias. Según otro informe del ministerio de Trabajo en base a los datos del Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA), entre diciembre de 2015 y marzo del 2016, la cantidad de empleados en blanco descendió en 26.253 personas, sobre 6,2 millones (-0,4% en cuatro meses). Aunque, como se sabe, el ajuste llega primero con los empleados precarios que no siempre quedan registrados en las estadísticas.

Las pymes, que abarcan el 49% del empleo registrado en el país, según el ministerio de Trabajo (aunque el número podría ser mayor si se tiene en cuenta el trabajo no registrado), son quienes peor la están pasando en este sentido. El personal en relación de dependencia en esta empresas cayó 0,9%, producto de la caída en las ventas del 4,5%, aseguró el último estudio de la fundación Observatorio Pyme, que dio un panorama más parecido al que brinda Tendencias Económicas que el que buscó instalar el gobierno, que sí reconoce la caída en la construcción (algo que denunciaron al unísono la UOCRA y Camarco) pero lo atribuye a demoras en los pagos de la obra pública del gobierno anterior, Lázaro-gate mediante.

La dirección general de Estadísticas de la Ciudad, que midió una suba de 0,2% en relación a los primeros tres meses del año pasado y de poco más de 2 puntos en relación al último trimestre del 2015. Hoy el desempleo porteño se ubica en 8,6%, con un pico de 12,5% en las comunas del Sur, las más desfavorecidas.

ministerio de trabajo protesta de despedidos

 

“Sensación de despidos”

Si existiera algo parecido a lo que Prat-Gay definió como “sensación térmica de despidos”, el Estado nacional fue, quizás, el que más colaboró para instalarlo.

Cuando se lanzó el proyecto de “modernizar” el Estado y hasta se creó a un ministerio para ese fin, Cambiemos le puso un número al temor de los empleados estatales: el 254. Ese fue el número del decreto que establecía la revisión de todas las contrataciones de personal y los concursos realizados en los últimos tres años. Era el primer anticipo del recorte de personal que se venía, levantando la bandera de limpiar de ñoquis el Estado para que esté “al servicio de la gente y no de la política”.

En la práctica, se despidieron empleados con una antigüedad que excedía al mandato de Cristina Kirchner e incluso empleados en planta permanente, con concursos. En otros casos, se renovaron los contratos, que disfrazan una relación laboral permanente de forma precaria, por un plazo menor, aumentando la incertidumbre que ya arrastraban del Gobierno anterior, que jamás estabilizó la situación de esos trabajadores.

El ministerio de Modernización informó que hasta marzo fueron despedidas 11 mil personas sobre 64 mil contratados. En ese proceso de revisión se barrieron con áreas enteras, echando a todos los trabajadores que allí estaban y dejando programas de Gobierno, aunque vigentes en teoría, sin capacidad de acción en la práctica.

Un caso paradigmático de esto es el Plan Asistir, que se creó dentro del ministerio de Trabajo a mediados de los ’90. El plan constitía en brindar asistencia legal a trabajadores despedidos que no tuvieran recursos para iniciar acciones legales. Cerca de 16 abogados y una psicóloga que allí estaban tomados como monotributistas o con un contrato fueron despedidos a fines de marzo, dejando a la deriva los procesos judiciales que ellos mismos impulsaron como parte del programa.

Otro ejemplo es el del GERAD, un grupo especial encargado de trabajar sobre documentos desclasificados de la ex SIDE vinculados al atentado a la AMIA. Sus empleados tenían contratos que vencían el 15 de diciembre y no se los renovaron en principio. La presión del gremio ATE y de las propios familiares de víctimas, que se reunieron con el ministro Germán Garavano por este asunto, logró rescatarlos de la poda estatal. Aunque para eso, la Procuración General de la Nación, que conduce Alejandra Gils Carbó, tuvo que hacerse cargo con su presupuesto de los sueldos.

Así, los organismos de derechos humanos también denunciaron que distintas oficinas encargadas de proveer informes a los tribunales que llevan adelante causas de lesa humanidad fueron desmanteladas y sus profesionales, dejados en la calle. En una nota que salió publicada el 24 de marzo, a 40 años del golpe, en el diario Buenos Aires Herald, el juez Daniel Rafecas advirtió que el recorte estaba afectando el desempeño de la Justicia en este aspecto, que se nutrían de informes que provenían tanto del ministerio de Justicia como el de Seguridad.

Así, con más gente en la calle, se da algo que se palpó muy bien en los ’90 y hace dos siglos Karl Marx explicó con el “ejército de reserva”: el miedo a perder el trabajo. Si el hecho concreto de quedarse sin empleo afecta a algunos, el miedo a ser el próximo se esparce como un virus peligroso. ¿Quién se animará a reclamar mejores condiciones laborales si supone que hay muchos como uno afuera, esperando ocupar su lugar? ¿Por qué un jefe renunciará ahora a su deseo de reducir gastos contratando empleados baratos, aprovechando la mayor competencia entre ellos? El miedo paraliza e incomoda y nadie quiere llegar a su casa y tener que explicarle a su familia que no sabe con qué comprarán para comer. Eso es lo que está en juego.

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