¿Importa cuántos desaparecidos dejó la última dictadura?

Tratamiento digital: Lucía Molina y Vedia

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En 2009 el entonces secretario de Derechos Humanos de la Nación, Eduardo Luis Duhalde, escribió una carta a Graciela Fernandez Meijide, la otrora activista contra el terrorismo de Estado, luego de que ella dijera que la cifra 30.000 desaparecidos era una mentira. En aquel marco de lanzamiento de su libro Historia íntima de los derechos humanos en Argentina Meijide calificó de “chiquitaje” el cambio de prólogo del “Nunca más” durante el kirchnerismo y dijo al diario Clarín que “había un conteo de nueve mil” víctimas de la última dictadura. Durante la presidencia de Mauricio Macri nos toca verla saludándolo en su palco, en la apertura de La Rural 2016, a un mes de que el ex ministro de Cultura de la Ciudad de Buenos Aires, Darío Lopérfido, se vio forzado a renunciar luego de declarar lo que dijera Meijide: que los desaparecidos no fueron 30.000. En tiempos en que el escritor Martín Caparrós tuitea “Será tan difícil q el Estado argentino saque una lista c/ todos los datos de las víctimas de la represión –y por lo tanto su número, y ya?” y que la diputada del Frente de Izquierda, Myriam Bregman, le responde que “es difícil porque para eso hay que abrir los archivos de la represión y todos los gobiernos se negaron” Notas al Pie problematiza el tema junto a los sociólogos Lucas Rubinich y Christian Ferrer.

Por Anahí Pérez Pavez (@anahpavez)

En la carta -que hoy es ya un legado- Eduardo Luis Duhalde señaló varios puntos clave al reabrirse la discusión sobre el número de desaparecidos durante la última dictadura, habló de “negacionismo”, de que “no existe algún registro fehaciente de la dimensión del crimen masivo de lesa humanidad perpetrado por las Fuerzas Armadas argentinas y sus socios civiles” y de que “no hay un censo nacional completo sobre el número de víctimas y que éste es irremisiblemente aproximativo”. Argumentó acerca de los límites del trabajo de la Conadep (Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas), que duró poco más de nueve meses y aunque produjo un informe clave para el posterior Juicio a las Juntas, actuó en un contexto histórico donde represores y colaboradores seguían teniendo poder y protección, lo que determinó la parcialidad e imprecisión de los datos recolectados. En su escrito Duhalde desgajó la consigna “los 30.000” enfatizando que la cifra no era “arbitraria ni caprichosa” sino que respondía a un cruce de variables como que los sitios clandestinos de detención y exterminio fueron más de 500 y que la cantidad de efectivos afectados a tareas criminales “superaron los 150.000 hombres”. Agregó que en las estimaciones de los propios militares figuraron listas con “más de 30.000 personas a eliminar” y señaló que en informes de la embajada norteamericana constaba que “en el año 1978 los jefes de la dictadura argentina informaron a la DINA (N.delE.: Direcciòn de Inteligencia Nacional) chilena que las víctimas alcanzaban ya el número de 22.000”. “El carácter masivo, criminal y abyecto no se mide por un resultado aritmético, al menos para los que creemos que cuando se asesina un hombre se está asesinando a la humanidad”, concluyó.

La apertura de Tecnópolis bajo la gestión macrista también dio lugar a polémica. Visitantes repararon en que la muestra de la Plaza de la Memoria del predio no hace alusión alguna a Madres o Abuelas de Plaza de Mayo ni a “los 30.000”. Tan sólo se hace referencia a “Los 280 días” de la Conadep que arrojó una “información comprobable de 8.960 casos de desaparecidos”. Dada la insistencia en tales omisiones y los contenidos de la nueva narrativa de gobierno preguntamos a sociólogos qué implica discutir hoy el número de desaparecidos. El ex director de la carrera de Sociología de la Universidad de Buenos Aires entre 2004 y 2010, Lucas Rubinich, dice: “La discusión sobre el número no es una discusión literal. Los temas y las maneras en que ellos se abordan significan en relación al estado de las luchas políticas culturales en las que están implicados. La manera en que apareció es una provocación de un sector que no puede abiertamente descalificar las experiencias de los derechos humanos en la Argentina en relación al terrorismo de estado, pero que quiere reducirle valor. Quizás se evaluó que el desprestigio del kirchnerismo habilitaba a desprestigiar esas acciones y a reeditar la teoría de los dos demonios. No obstante hay una sensibilidad que va más allá de los gobiernos y que puede trascender el deterioro de algunos organismos frente a algún sector de la sociedad. El secuestro de niños inhabilita fuertemente cualquier intento de igualación entre el estado y los revolucionarios civiles y eso es un factor que se extiende por diversos sectores medios inclusive de sensibilidad pro status quo”.

Ante la misma pregunta, qué implica poner en cuestión hoy el número de desaparecidos, el ensayista Christian Ferrer coincide con Rubinich y agrega: “Si se deja momentáneamente de lado el cruce de provocaciones e indignaciones, quizás no esté en discusión número alguno, sino, más subrepticiamente, se testea si los acontecimientos de hace medio siglo han de ser, de aquí en más, insumo de la historia o de la memoria, pero eso es algo que nadie puede saber aún. Ninguna fosa del pasado se cierra por decreto ni a voluntad, aunque sí es cierto que pueden dejar de ser revisitadas, tal como en su momento sucedió con las matanzas de indígenas -Chaco, 1924; Corrientes, 1947; o bien Buenos Aires, 1919, cuando la ‘Semana Trágica’ se llevó 1.300 vidas-. Como también eso puede suceder con los masacrados de la época de la dictadura militar, de alguna forma la ‘querella de las cuantificaciones’ está probando si la frontera de los ‘derechos humanos’ -consigna hegemónica desde hace mucho tiempo en Argentina-, puede ser movida de lugar, no hecha desaparecer pero desplazada hacia nuevos encuadres”.

Pragmatismo, Lopérfido y los gestores culturales

Para el pensador francés Georges Bataille “el mundo en el que vivimos siempre está impregnado de lo sagrado, en particular nuestras conductas con respecto a la muerte”. Consideró que “lo sagrado requiere la violación de lo que habitualmente es objeto de un respeto aterrado. Su dominio es el de la destrucción y la muerte” y en el mismo ensayo, La guerra y la filosofía de lo sagrado, citó a otro padre de la sociología, Roger Caillois: “Todo sucede como si para volver sagrado un objeto bastara con que una causa o un ser lo tomara como un fin supremo y le consagrara su vida; es decir, que le dedicara su tiempo y sus fuerzas, sus intereses y sus ambiciones, que le sacrificara su existencia si fuera preciso”. Ambos consideraron “el retraso de lo sagrado en la época actual” y sirven para dimensionar lo que implica profanar un símbolo. Actores que no advierten “lo sagrado” de los desaparecidos resultan ser también pragmáticos que rechazan la intromisión de la política en todos los ámbitos. ¿Ese pragmatismo que parece dominante a qué filosofía se contrapone? ¿Cuál es la disputa de fondo a nivel ideológico? Lucas Rubinich responde: “El pragmatismo es un fantasma que recorre a todas las fuerzas políticas predominantes y tiene que ver con la destrucción de identidades políticas, la inexistencia de partidos políticos y un clima internacional ligado al predominio del capital financiero. La experiencia de los organismos de derechos humanos fue y sigue siendo una verdadera fuerza moral y puede atravesar situaciones complicadas en un contexto donde las morales universalistas están muy deshilachadas. Esos actores están fuertemente influenciados por una mirada que se podría calificar como individualismo pragmático. Los individuos hacen carrera y no tienen límites de las viejas instituciones: los partidos políticos, la justicia, la identidad ideológica alternativa. Es un mundo de ganadores y perdedores y se realiza sobre la escenografía deshilachada de un republicanismo al que todos juegan a hacerle trampas relativamente habilitadas por tu capacidad en el estado de las relaciones de fuerza”.

En relación a esto y consultado acerca del rol de Darío Lopérfido Christian Ferrer dice: “Más importante que hacer un identikit político de Lopérfido -él es uno más, y quizás no el más lúcido- es prestar atención a los espacios de formación y propulsión de las carreras políticas de los últimos treinta años, particularmente las de los gestionadores de ‘la cultura’, una subespecie de la casta política en un país donde al escucharse la palabra cultura nadie saca un revólver y sí enarbola un título universitario, o bien méritos equivalentes. A veces basta haber sido líder de alguna fracción de centro de estudiantes, o bien experto en el manejo del micrófono en mesas redondas y conferencias, o bien tener pedigrée como articulador o gozne entre culturas ‘’subterráneas’’, ‘paraculturales’ u off’, por un lado, e instituciones que en su momento requirieron de redecoración y un poco de vida, por el otro. Tal fue el caso de Lopérfido en la UBA, en su caso el Centro Cultural Rojas, como para otros lo pudo haber sido un emprendimiento personal en el Abasto o en San Telmo. La cuestión pasaba por atraer -y exorcizar- energías expresivas de índole descontenta y aún dispersas, y de ofrecerles un ‘espacio’, tanto como fidelizarlas -por un tiempo al ‘gestionador’ de la metamorfosis que a su vez se coordinaba con líneas políticas partidarias. Bien podría suceder que muchos de los vituperadores de Lopérfido puedan haberlo votado en tanto miembro conspicuo de la Alianza que en 1999 llevó a Fernando de la Rúa a la presidencia de la nación. Recuérdese que el objetivo era derrotar a las posibles reencarnaciones neoliberales del ‘menemismo’. En otras palabras, Lopérfido no hubiera sido nada sin el espaldarazo de los múltiples artistas e intelectuales que en su momento tomaron al Centro Cultural Rojas como plataforma para exhibir obras, performances o retóricas. Sería necesario revisitar el ‘momento cultural’ de las décadas de 1980 y 1990 sin complacencia ni mitos, tanto como hoy lo es echar una mirada a lo que ha sido notorio en los últimos años o que lo será próximamente, puesto que los políticos saltan de facción a facción, de bloque a bloque, de partido a partido, y lo que opinaban antes pasa a ser lo contrario y viceversa. Después de todo, una de las misiones de los gestores culturales es proceder a la ‘actualización’ de temas y modas, sea que se lo haga desde el periodismo o desde organismos estatales. ¿Acaso (Lino) Barañao no fue, en su momento, el jefe bienvenido de los investigadores del Conicet? Es el mismo caso. Y además, lo cierto es que demasiada gente en responsabilidades gubernamentales se ha formado en los barrios cerrados, countries, escuelas exclusivas, maestrías en el exterior como ahora ya hay futuros responsables de decisiones políticas que moldearán el país por décadas que se están criando en Puerto Madero o Nordelta, espacios simbólicos de una Buenos Aires que pasó no sin interés, pero sin tampoco ser interrogados a fondo. Esos son lugares de ‘inmunización’ contra demasiadas cosas de la vida”.

Cambios en derechos humanos

El ministro de Justicia de la Nación, Germán Garavano, y el secretario de Derechos Humanos y Pluralismo Cultural de la Nación, Claudio Avruj, declararon recientemente que no apelarán prisiones domiciliarias a represores, también hablaron de acelerar los juicios y de “ampliar la agenda de derechos humanos y hacerla más plural”, política que coincide con el presidente Mauricio Macri cuando habló, durante una entrevista del portal estadonidense Buzzfeed, de “guerra sucia” en lugar de dictadura y dijo: “Es un debate en el que no voy a entrar. No tengo idea si fueron 9 o 30 mil. Si son los que están anotados en un muro o son muchos más. Es una discusión que no tiene sentido”. Tzvetan Todorov en su libro Los abusos de la memoria advirtió: “Si alguien declara hoy en día, en público, que está del buen lado de las cosas, que condena, como debe ser, a los malvados, que llora por los débiles y que admira a los fuertes, no agrega nada a su valor personal. No hay nada heroico en el hecho de admirar a un héroe universalmente reconocido. Muy por el contrario, la buena conciencia neutraliza la buena acción. Beneficiarse del prestigio de nuestros parientes-héroes, o compartir el sufrimiento de nuestros parientes-víctimas es normal e incluso positivo para el individuo; pero a partir del momento en que esos sentimientos se expresan en público, toman un sentido suplementario: sirven a nuestro interés, no a nuestra educación moral”. Esta cita junto a otras voces iban a formar parte de un posible apartado final y hablarían de la “pluralidad” de quien escribe y del sentido e intrumentalización que pueden adquirir ciertas ideas cuando son usadas con arreglo a fines por grupos equivocados. Así daría un enfoque equilibrado al artículo. Sin embargo, que el número 30.000 tenga o no importancia, y agregase o no un plus moral ensayar acerca de la relevancia de su definición, adquiere un sentido nuevo ante la noticia reciente de que el Tribunal Oral Federal 1 de La Plata le concedió el beneficio del arresto domiciliario al represor y condenado por crímenes de lesa humanidad Miguel Etchecolatz. Pese a que la prisión domiciliaria no se hará efectiva ya que hay otras condenas y causas en su contra en etapa de instrucción por las que debe seguir en la cárcel, hay algo que vuelve y obliga a revisitar hechos históricos, sus crímenes, que fueron amparados por ideas, que a su vez operaron sobre creencias del sentido común y reforzaron posicionamientos políticos. Y es un posicionamiento político y un lugar ideológico advertir cómo, de qué manera, a cada grupo nos resulta o no irrelevante el número 30.000, ya que podemos coincidir en su irrelevancia por razones e intereses distintos. Unos manifestarán su derecho al olvido para construir otra cosa sin reparar en los daños y otros recién lo ejerceremos, si queremos y podemos, cuando la justicia termine su trabajo.

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